La Contraloría de Puerto Rico emitió un Informe Especial sobre el cumplimiento de la Ley 136-2003 por parte de 274 entidades gubernamentales. Esta ley tiene el propósito de asegurar que los servicios públicos que han sido contratados con entidades privadas, respondan a las necesidades e intereses de los ciudadanos mediante el escrutinio de sus operaciones.
El Informe revela que 164 entidades no habían remitido a la Oficina del Contralor, la Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 136-2003, en uno o varios de los años fiscales del 2013 al 2017 (ver anejo 2 del Informe). Esta cifra constituye el 60% de incumplimiento.
Además, 169 entidades, el 62%, enviaron el Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones y la Certificación con tardanzas, en algunos casos, de hasta más de cuatro años (ver anejo 3 del Informe).
Estas situaciones privan a la Oficina del Contralor el tener dicha información disponible para el beneficio de los ciudadanos según dispone la ley.
La Contraloría emite todos los años una carta circular como recordatorio a los funcionarios principales sobre su responsabilidad de remitir dicha información. Además, la Oficina creó y estableció una aplicación mediante el cual se deben remitir los formularios previstos. Al respecto, nuestro examen reveló que siete entidades, un 3%, enviaron la información, pero no mediante el método correcto a través de la aplicación.
El Informe con fecha de verificación al 31 de julio de 2018.
Vea el Informe de Auditoría DA-19-13.
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