Fiscalizamos las transacciones de la propiedad y los fondos públicos de entidades gubernamentales que proveen servicios relacionados con el desarrollo de los derechos civiles y democráticos de los habitantes de Puerto Rico tales como los asuntos relacionados con las ramas ejecutiva y legislativa; el sistema electoral; la defensa; los derechos de los ciudadanos y de los servicios provistos a estos; la reglamentación y regulación de ciertas actividades; las relaciones culturales, políticas y económicas entre Puerto Rico y países extranjeros, al igual que con otras jurisdicciones de Estados Unidos; el asesoramiento y los asuntos laborales, y la negociación colectiva; la conservación de edificios históricos; la integridad y disponibilidad de los datos y las estadísticas del Gobierno; y la integración efectiva de la tecnología gubernamental, entre otros.
Informes de auditoría
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