Autores:
Vanessa Meléndez Figueroa, Hannelore Y. Valentín Fortunet - EFS Puerto Rico
Resumen: El contenido de este artículo se fundamenta en el trabajo realizado por los auditores de la Entidad Fiscalizadora Superior de Puerto Rico durante una auditoría a la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico, y su rol en la detección de un esquema de fraude que resultó en la declaración de culpabilidad de cinco exfuncionarios públicos y dos ciudadanos privados.
Palabras clave: EFS, auditoría de cumplimiento, Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico, fraude, corrupción.
La Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Oficina del Contralor) realizó una auditoría de cumplimiento de las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio, adscrita a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (Superintendencia). La auditoría cubrió el periodo del 1 de julio de 2007 al 31 de octubre de 2015 y los resultados se publicaron en seis informes de auditoría. Los informes de auditoría, DA-15-46 y DA-17-12 corresponden al examen que realizamos de las operaciones fiscales relacionadas con las compras, las cuentas por pagar y los desembolsos en la Superintendencia para el desarrollo de obras, restauración y reconstrucción de oficinas legislativas de la Cámara de Representantes y los alrededores del Capitolio Estatal, y el arrendamiento de la cafetería del Capitolio. Ambos informes fueron objeto de una opinión adversa y contienen trece hallazgos y dos comentarios especiales.
Algunas de las situaciones objeto de señalamientos en estos informes de auditoría fueron:
Esta auditoría, realizada por un equipo de trabajo de la División de Auditorías de Departamentos y Agencias, destapó un esquema de fraude que tuvo un costo para el erario de USD 2.9 millones en fondos públicos. Además, nuestra División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico (AFD) examinó archivos y correos electrónicos localizados en el servidor de la Superintendencia y en 7 computadoras asignadas a funcionarios y empleados de la entidad. También un examinador de documentos forenses (Examinador) del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICFPR) analizó muestras de escrituras en diversos documentos.
El referido de la Oficina del Contralor al Departamento de Justica con la evidencia documental y testifical recopilada por los auditores, durante la auditoría a la Superintendencia, fue la base para la radicación de 73 cargos realizada por el Departamento de Justicia en el año 2014, en contra de cinco exempleados de la Superintendencia y dos personas privadas, que era un matrimonio de contratistas. El fraude consistió en la falsificación de cotizaciones de alegados competidores, para dar la impresión de que hubo competencia y otorgar las órdenes de servicio a favor de un matrimonio de contratistas; la doble y triple facturación por los mismos trabajos y la certificación de obras no realizadas. El esquema acumuló 141 transacciones en las que se falsificaron documentos y se apropiaron ilegalmente de dineros del erario mediante la presentación de cotizaciones falsas de obras de construcción, actuaciones que privaron al Estado de una justa competencia entre licitadores para otorgar órdenes de compra por servicios al menor costo posible. Los cargos radicados contra los exempleados de la Superintendencia son apropiación ilegal de fondos públicos, omisión en el cumplimiento del deber, aprovechamiento ilícito, enriquecimiento ilícito y perjurio; mientras que el matrimonio de contratistas enfrentó cargos por falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal de fondos públicos y privados, y fraude.
En agosto de 2017 dos de las exempleadas se declararon culpables de 20 cargos. El juicio contra los restantes acusados se extendió durante tres años, con interrupciones tanto por el huracán María como la pandemia de COVID-19, con apelaciones de la defensa y muchas dificultades de parte de los cinco abogados de defensa en ponerse de acuerdo en torno al calendario. Las fiscales que tuvieron la responsabilidad de presentar la prueba de la alegada corrupción pública cometida en el Capitolio -hace aproximadamente diez años- presentaron, en total, 35 testigos y 214 materiales probatorios sobre los hechos en controversia.
El pasado 25 de junio de 2021 la Hon. Wanda Cruz Ayala, jueza superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró culpables de un total de 39 cargos un grupo de tres exfuncionarios y dos contratistas acusados por fraude de USD 2.9 millones en obras de construcción de la Superintendencia del Capitolio en el cuatrienio de 2009 a 2012.
La lucha contra la corrupción es una tarea ardua y perenne. En las labores de fiscalización de las EFS se debe procurar transmitir un mensaje de intolerancia ante cualquier acto de corrupción y que, si los funcionarios y empleados públicos cometen tales actos, deberán rendir cuentas por sus acciones y que no habrá espacio para la impunidad. Otro peldaño más para combatir y erradicar la corrupción en Puerto Rico y en el mundo entero.
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