La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión parcialmente adversa sobre la contratación de servicios profesionales y consultivos en el Municipio de Cataño.
El Informe revela la contratación de cinco corporaciones regulares que prestaron servicios legales, médico-hospitalarios, de ingeniería y mantenimiento de acondicionadores de aire por $12.8 millones de marzo de 2009 a abril de 2013 contrarios al ordenamiento jurídico. Estos servicios sólo se podían ofrecer mediante la figura jurídica de una corporación profesional.
Además, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos y a los contratos formalizados, tres de las corporaciones mencionadas subcontrataron los servicios. Por ejemplo, las dos corporaciones médico–hospitalarias subcontrataron al administrador, a los médicos, a los técnicos de laboratorio y rayos x y la facturación. El presidente de la corporación de ingeniería quien no contaba con las licencias requeridas, también subcontrató a un ingeniero y a evaluadores que realizaron los servicios ya que la corporación no tenía empleados.
Estas situaciones fueron referidas a la Secretaria de Justicia, al Presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Presidente de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, y al Secretario de Estado el 28 de julio y 24 de agosto de 2017 para las acciones correspondientes.
La auditoría de tres hallazgos señala también que el Municipio realizó un pagó ilegal de $205,000 a una de las corporaciones médico-hospitalarias ya que prestó servicios sin haberse formalizado un contrato escrito. Además, contrario a la Ley 237-2004 sobre el establecimiento de parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales y consultivos, el contrato de servicios de ingeniería se formalizó con una vigencia mayor a los 12 meses consecutivos permitidos por ley.
Nuestros auditores identificaron que seis contratos y tres enmiendas no se remitieron a la aprobación de la Legislatura Municipal lo cual impidió que esta cumpliera con su responsabilidad de autorizar las contrataciones. Una situación similar ya había sido señalado en el Informe M-13-10 del 2012.
Al 31 de diciembre de 2014, Cataño tenía 15 demandas civiles por $25 millones pendientes de resolución en los tribunales y al 31 de diciembre de 2015, el Municipio no había recobrado $713,322 recomendados en los informes de auditoría M-09-28, M-09-36 y M-10-13.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014.
Vea el Informe de Auditoría M-18-11
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