Contralora publica informe sobre irregularidades en la asistencia de una empleada del Municipio de Santa Isabel
San Juan, Puerto Rico — 9 de noviembre de 2026. La contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, anunció la publicación del Informe de Investigación OC-27-37, relacionado con irregularidades en los registros de asistencia de una trabajadora social del Centro de Envejecientes del Municipio de Santa Isabel, quien también prestaba servicios a tiempo parcial para el Departamento de Educación.
La investigación se inició a raíz de una querella relacionada con posibles incumplimientos de jornada y ausencias frecuentes. Como parte del examen, la Oficina de la Contralora evaluó los registros de asistencia correspondientes al período del 1 de febrero de 2023 al 30 de junio de 2024 y los comparó con los registros del empleo parcial de la trabajadora social en el Departamento de Educación.
Según el informe, la empleada comenzó a trabajar para el Municipio el 16 de febrero de 2023 mediante un nombramiento irregular, con una jornada diaria de siete horas y media. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023, suscribió un contrato con el Departamento de Educación para prestar servicios de lunes a jueves, de 2:45 p. m. a 5:45 p. m., a razón de $30 por hora.
Hallazgos principales. El análisis de 196 días laborables, comprendidos entre septiembre de 2023 y junio de 2024, determinó que en 161 días faltó al menos uno de los cuatro registros de entrada y salida requeridos, mientras que en seis días no constaba registro alguno de asistencia. Además, en 69 ocasiones no se registró la salida del Municipio, aunque sí figuraba una entrada en el empleo parcial. La investigación también identificó conflictos de horario e informes de asistencia sin ajustes justificativos ni evidencia de revisión o aprobación supervisora entre febrero y junio de 2024.
Las situaciones identificadas son contrarias a la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico, según enmendada, y al Reglamento de Personal Irregular del Municipio. La Contralora concluyó que “la falta de controles adecuados y de una supervisión efectiva propicia la comisión de errores e irregularidades en los registros de asistencia y puede resultar en pagos por servicios que no fueron rendidos”.
La Oficina de la Contralora refirió los resultados de la investigación al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, al alcalde y al presidente de la Legislatura Municipal para la evaluación correspondiente, la adopción de medidas correctivas y la determinación de cualquier recobro de fondos que pudiera proceder.
El Informe de Investigación OC-27-37 del Municipio de Santa Isabel está disponible en www.ocpr.pr.gov.
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