La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales relacionadas con el manejo y control del presupuesto operacional, la adquisición de servicios, la contratación de servicios profesionales y consultivos, la construcción de obras y mejoras permanentes, entre otras, del Municipio de Barranquitas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio otorgó cuatro contratos y seis enmiendas para servicios de agrimensura, ingeniería y arquitectura por los cuales desembolsó $151,200 a un arquitecto sin licencia y a una corporación no autorizada para llevar a cabo dichos servicios. Estas situaciones se notificaron el 25 de agosto de 2017 a la Secretaria de Justicia, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores y a su Junta Examinadora, y al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y a su Junta Examinadora, para que tomen las acciones correspondientes.
La auditoría de 11 hallazgos señala que el Municipio pagó $23,000 por unos planos para la construcción de un parque acuático que no se construyó. Además, se realizaron obras por $7.4 millones sin los endosos ni pólizas de responsabilidad pública requeridos antes de su construcción, y documentos relacionados como las evidencias de inspección, planos finales o certificaciones, no se encontraron para examen.
Nuestros auditores identificaron deficiencias con las conciliaciones bancarias. Además, el Municipio mantenía siete cuentas bancarias con saldos de $188,298 inactivos hasta por 11 años y 108 fondos especiales con recursos de $1.4 millones inactivos hasta por casi 22 años. Situaciones similares ya se habían señalado en el Informe de Auditoría M-14-43 del 2014.
La operación del Centro Geriátrico La Hermandad, carecía de un reglamento para el cobro y administración de los donativos, no tenía comité de recaudación y procedimiento fiscal, empleados efectuaron recaudaciones sin nombramiento para esta función, y los inventarios perpetuos de los almacenes de alimentos no era confiables. Esta situaciones pueden propiciar la comisión de irregularidades y la pérdida de alimentos y materiales.
La auditoría evidencia que el archivo y el área designada para conservar los documentos públicos, estaba desorganizado, con mucha humedad, hongos, falta de ventilación y sin detectores de humo, entre otras deficiencias (ver fotos en el Anejo 1). Además, los expedientes municipales de las demandas contra el Municipio o formuladas por éste, carecían de documentos importantes o estaban incompletos.
El Informe comenta que el 7 de junio de 2016 se refirió a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental y al administrador de los Sistemas de Retiro, el caso de una compensación otorgada a un empleado que ya recibía pensión del Sistema de Retiro. Además, al 30 de junio de 2016 estaban pendientes de resolución por los tribunales, nueve demandas civiles por $8.9 millones.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2016.
Vea el Informe de Auditoría M-18-24.
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